En Colombia, se han suscrito tratados internacionales y construido un marco normativo, con la pretensi\u00f3n que proteger los derechos de las mujeres, no obstante se carece de mecanismos y estrategias eficaces para garantizar esos derechos, lo que en la pr\u00e1ctica implica la permanencia del problema: Las mujeres contin\u00faan siendo v\u00edctimas de violencia y discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
En el Caribe colombiano, m\u00e1s de un tercio de los hogares se encuentra en situaci\u00f3n de pobreza, proporci\u00f3n que aumenta considerablemente en zonas rurales y periferias urbanas, en los hogares mencionados, la proporci\u00f3n de ni\u00f1as y adolescentes en situaci\u00f3n de vulnerabilidad es a\u00fan mayor. Estas ni\u00f1as y adolescentes mujeres crecen en condiciones en las que no es posible el goce pleno de sus derechos y en las que no es posible predecir un cambio positivo a futuro, sino un escalamiento de las desigualdades. Est\u00e1n envueltas en una mara\u00f1a nefasta de factores que limitan su desarrollo, a la discriminaci\u00f3n asociada a la etnia y a las condiciones socioecon\u00f3micas, se suman el \u00e1rea de residencia, los patrones socioculturales de relacionamiento y las representaciones sociales del rol de la mujer, lo que impacta directamente sobre su acceso a las oportunidades, en comparaci\u00f3n con el acceso permitido a los hombres de su mismo grupo etario y contexto social (CEDEI, 2020; CEPAL, 2019).<\/p>\n
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