A propósito del 20 de noviembre:
Desigualdades estructurales, políticas públicas y participación como condiciones para el desarrollo humano.
Aunque la región ha ampliado marcos normativos y desarrollado políticas de protección social, la infancia y la adolescencia continúan enfrentando condiciones de pobreza, exclusión, violencia, barreras educativas y riesgos climáticos. Según la CEPAL, en 2024 la pobreza monetaria alcanzó al 25,5% de la población regional, mientras que las personas de 0 a 17 años registraron las tasas más altas de pobreza (38,3%) y pobreza extrema (14,6%). A partir de estos elementos, se argumenta que la garantía efectiva de los derechos requiere articular protección social, educación inclusiva, servicios públicos de calidad, prevención de la violencia y mecanismos reales de participación infantil y adolescente.
El 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, constituye una oportunidad para revisar críticamente el estado de avance de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La conmemoración remite a la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, instrumento internacional que reconoce a la infancia como sujeto de derechos y no únicamente como objeto de protección.
En América Latina y el Caribe, la vigencia de estos derechos enfrenta una paradoja relevante: los países han avanzado en legislación, políticas sociales y sistemas de protección, pero persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso a servicios esenciales, la seguridad, la educación y las oportunidades de desarrollo. La CEPAL señala que todos los países de la región cuentan con normativa específica sobre niñez y adolescencia, aunque las brechas en salud, nutrición, educación, cuidado y protección social siguen siendo significativas.
Pobreza infantil y desigualdad estructural
La pobreza, desde un enfoque de capacidades y derechos, implica privaciones en vivienda, salud, educación, nutrición, cuidado, protección social y acceso a oportunidades. El índice de pobreza multidimensional de la CEPAL incorpora precisamente indicadores en esas dimensiones.
En 2024, la pobreza monetaria regional disminuyó al 25,5%, el nivel más bajo desde que existen datos comparables; sin embargo, la pobreza extrema se mantuvo en 9,8%. Esta mejora agregada no elimina las brechas: las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años presentan la mayor incidencia de pobreza monetaria de todos los grupos etarios, con 38,3%, y de pobreza extrema, con 14,6%.
La pobreza infantil tiene efectos acumulativos. Limita el acceso a alimentación adecuada, atención sanitaria, materiales escolares, transporte, conectividad digital y espacios seguros de recreación. Estas condiciones afectan la asistencia y permanencia escolar, el desarrollo cognitivo y socioemocional, y la posibilidad de romper ciclos intergeneracionales de desventaja.
Educación: acceso, permanencia y calidad
El derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad es una condición central para el desarrollo humano. No obstante, la región mantiene desigualdades educativas que se intensifican a medida que se avanza de la educación primaria hacia la secundaria y la educación superior.
Las barreras educativas trascienden lo escolar. La pobreza, la necesidad de incorporarse tempranamente al trabajo remunerado, las deficiencias nutricionales, la falta de transporte y de materiales, y las responsabilidades de cuidado pueden limitar la asistencia regular a clases. En consecuencia, según la UNICEF, las políticas educativas deben abordar simultáneamente la calidad pedagógica, la infraestructura, la conectividad, la alimentación escolar, el transporte, la inclusión de estudiantes con discapacidad y la prevención del abandono escolar.
La CEPAL destaca que superar la desigualdad educativa exige invertir en la primera infancia, universalizar la educación secundaria, prevenir el abandono escolar, fortalecer la inclusión de grupos desfavorecidos y consolidar el papel de los docentes. Estas medidas deben complementarse con currículos que desarrollen competencias para la vida, la ciudadanía, la resolución pacífica de conflictos y la participación democrática.
Violencia, migración y crisis climáticas
La garantía de derechos también depende de la capacidad de las instituciones para responder a riesgos específicos. La violencia armada, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento por grupos armados, la explotación, el desplazamiento forzado y la migración afectan la seguridad, la continuidad educativa y el bienestar psicosocial de niñas, niños y adolescentes. UNICEF ha destacado el impacto de la violencia armada en la infancia y la adolescencia de la región, así como la importancia de fortalecer la gobernanza local y la protección social para reducir inequidades.
El cambio climático constituye otro factor de vulnerabilidad creciente. Inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor afectan de manera desproporcionada a la infancia debido a su mayor vulnerabilidad física, su dependencia económica y las limitaciones de acceso a servicios esenciales. Según estimaciones de la CEPAL, incluso en un escenario de reducciones ambiciosas de emisiones, el cambio climático podría empujar a 5,9 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adicionales a la pobreza en 2030; en un escenario de inacción, esa cifra podría alcanzar 17,9 millones.
Estos riesgos exigen incorporar la perspectiva de infancia en la planificación territorial, la gestión del riesgo de desastres, la adaptación climática y la recuperación posdesastre. Además, es necesario asegurar su participación en la definición de respuestas que afectan su presente y su futuro.
6. Participación como derecho y estrategia democrática
La participación de niñas, niños y adolescentes es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Las opiniones de los menores deben ser tomadas en cuenta de acuerdo con su edad y madurez, especialmente en decisiones relativas a educación, salud, protección, familia y vida comunitaria.
En América Latina, la participación puede adoptar múltiples formas: consejos estudiantiles, consultas comunitarias, investigaciones con enfoque participativo, presupuestos participativos juveniles, mecanismos de denuncia y protocolos de escucha en escuelas y servicios públicos. Para que estas experiencias sean significativas, deben contar con información accesible, tiempos adecuados, retroalimentación y capacidad real de incidir en las decisiones.
La investigación social puede contribuir a este proceso mediante métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos que recojan las experiencias, necesidades y propuestas de la propia infancia y adolescencia. Ello permite producir evidencia situada, visibilizar desigualdades y orientar políticas públicas más sensibles a las diferencias de género, territorio, discapacidad, origen étnico, condición migratoria y nivel socioeconómico.
7. Orientaciones para la acción pública
Para avanzar hacia el ejercicio efectivo de los derechos, se proponen cinco líneas prioritarias:
- Priorizar la erradicación de la pobreza infantil en la planificación macroeconómica, presupuestaria y social de los Estados.
- Fortalecer la protección social universal y progresiva, articulando transferencias monetarias, servicios de cuidado, salud, educación y vivienda.
- Garantizar servicios públicos esenciales, especialmente en territorios rurales, periurbanos, indígenas, afrodescendientes y fronterizos.
- Promover educación inclusiva y de calidad, con estrategias específicas contra el abandono escolar, la discriminación y las brechas digitales.
- Institucionalizar la participación infantil y adolescente, asegurando espacios permanentes de escucha, consulta e incidencia en las políticas que les afectan.
La situación de la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe revela que el reconocimiento jurídico de los derechos es necesario, pero insuficiente. Los avances en normativa y programas sociales deben traducirse en reducciones sostenibles de la pobreza, ampliación de la protección social, mejora de la calidad educativa, prevención de la violencia y respuesta a los efectos del cambio climático.
Una agenda de derechos para la infancia y la adolescencia debe colocar en el centro la equidad, la corresponsabilidad estatal, la participación y la escucha de las propias personas menores de edad. Solo así el Día Mundial de la Infancia dejará de ser una conmemoración simbólica y se convertirá en un compromiso verificable con el desarrollo humano, la justicia social y el futuro democrático de la región.
Referencias sugeridas
- CEPAL. (2025). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025.[repositorio.cepal][repositorio.cepal]
- CEPAL. (2025). El impacto del cambio climático en la pobreza infantil y juvenil de América Latina.[repositorio.cepal][news.un]
- CEPAL. (2023). Primera infancia, desigualdades y derechos en América Latina y el Caribe.[unicef]
- UNICEF. (2025). Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2025: Poner fin a la pobreza infantil.[cambodia.ohchr]
- UNICEF. América Latina y el Caribe: pobreza infantil, protección social y educación.[repositorio.cepal][repositorio.cepal][repositorio.cepal]
- Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño, resolución 44/25.

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